Una transferencia que no reconoces, dinero que desaparece de una empresa, una firma que no es tuya o una citación por una operación comercial. Cuando un conflicto económico entra en el ámbito penal, necesitas aclarar qué ha ocurrido, qué pruebas existen y qué decisión conviene tomar antes de declarar, denunciar o firmar un acuerdo.
En Tot Dret Advocats estudiamos tu situación para ejercer la defensa o la acusación particular en delitos patrimoniales y económicos. Revisamos los documentos, identificamos el perjuicio y valoramos las vías de reclamación. La estrategia debe proteger tanto tus derechos en el procedimiento como tus intereses económicos.
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Actualizado: 21 de septiembre de 2026. Información general sobre Derecho penal español, aplicable también en Cataluña.
¿En qué asuntos de Derecho penal económico podemos ayudarte?
Atendemos conflictos que afectan a particulares, profesionales y empresas. Dentro de esta página encontrarás información sobre estafas, apropiación indebida, administración desleal, hurtos y robos, falsedad documental, alzamiento de bienes e insolvencias punibles, delitos contra Hacienda y delitos contra la Seguridad Social.
El nombre con el que describas el problema no determina el delito. Que alguien diga «me han robado» puede referirse a una sustracción, a un engaño o al dinero que entregó para una finalidad concreta y nunca recuperó. Cada supuesto exige pruebas y respuestas diferentes.
También importa desde qué posición intervienes: no es lo mismo haber sufrido directamente la pérdida que ser socio de una sociedad perjudicada, administrador investigado o familiar que realizó una transferencia. Identificar bien a las personas afectadas evita reclamar por la vía equivocada o atribuir a alguien responsabilidad por el mero cargo que ocupa.
¿Un impago o un contrato incumplido son una estafa?
No necesariamente. En la estafa del artículo 248 del Código Penal hay que acreditar un engaño suficiente que provoque un error y lleve a la víctima a realizar una disposición patrimonial perjudicial, con ánimo de lucro por parte del autor. La pérdida de dinero, por sí sola, no demuestra todos esos elementos.
Por ejemplo, hay que distinguir entre quien recibe un anticipo y después no puede terminar un trabajo y quien obtiene ese anticipo mediante una operación ficticia. Este ejemplo es orientativo: para decidir se revisan las comunicaciones, la capacidad real de cumplir, los pagos, las actuaciones realizadas y el destino del dinero. Una factura impagada puede requerir una reclamación civil; una documentación fabricada para obtener el pago puede cambiar el análisis.
La pena del tipo básico es de seis meses a tres años de prisión. Tras la reforma de abril de 2026, una estafa de hasta 400 euros no se castiga siempre con una multa. El artículo 248 prevé, como regla, multa de uno a tres meses para esa cuantía, salvo las circunstancias agravadas del artículo 250. Además, si existen al menos tres condenas firmes por delitos de la misma naturaleza comprendidos en el mismo capítulo del Código Penal, y al menos uno es leve, se aplica la pena de prisión del tipo básico. No se computan los antecedentes cancelados ni los que debieran estarlo.
Si has perdido dinero, conserva también las promesas anteriores al pago. Explican mejor la decisión de transferir que una conversación posterior en la que solo se reclama la devolución. Podemos ayudarte a ordenar esa secuencia y a valorar si existe fundamento para denunciar.
¿Qué hago si la estafa se realizó por transferencia o por internet?
Actúa cuanto antes para intentar contener el daño: avisa a tu entidad por sus canales oficiales, solicita las medidas disponibles sobre la operación y conserva el justificante de la comunicación. Guarda los mensajes, los correos originales y los comprobantes de pago. Si siguen comprometidas tus credenciales, protege el acceso mediante un dispositivo seguro.
La denuncia penal y la reclamación al banco responden a cuestiones diferentes. Identificar al estafador no equivale a demostrar que el banco deba reintegrar cualquier transferencia; tampoco debe darse por perdida la reclamación solo porque figure una autenticación. Es necesario analizar cómo se ordenó y ejecutó la operación y qué información tenía cada interviniente.
En nuestra guía sobre estafa por transferencia bancaria desarrollamos esa distinción. Si el asunto incluye acceso a cuentas o suplantación, la conservación de la evidencia digital puede ser decisiva. No borres el correo sospechoso después de hacer una captura: el archivo original puede aportar datos que la imagen no contiene.
¿Qué diferencia hay entre apropiación indebida y administración desleal?
La apropiación indebida puede producirse cuando alguien recibe legítimamente dinero o bienes con obligación de entregarlos o devolverlos y después se los apropia en perjuicio de otro. Debe comprobarse el título de la entrega: un préstamo, una inversión y una cantidad recibida en custodia no generan las mismas obligaciones ni permiten deducir automáticamente el mismo delito.
La administración desleal se centra en quien tiene facultades para administrar un patrimonio ajeno, las infringe excediéndose en su ejercicio y causa un perjuicio a ese patrimonio. No exige convertir todas las pérdidas de una empresa en delito. Hay que identificar las facultades concretas, el exceso cometido, el daño y los demás elementos de la responsabilidad penal.
Los artículos 252 y 253 del Código Penal permiten comprender la diferencia. Como orientación, apropiarse definitivamente del dinero que se debía custodiar y perjudicar el patrimonio mediante una gestión desleal son conductas distintas, aunque compartan documentos, cuentas o protagonistas.
Si sospechas de un socio o administrador, conviene revisar poderes, contratos, acuerdos sociales, extractos y justificantes antes de acusarlo públicamente. Y si eres tú quien está siendo acusado, la documentación que acredita una autorización, la finalidad empresarial o el destino real de los fondos puede ser esencial para tu defensa.
¿Qué enseña un caso reciente sobre dinero de una comunidad?
La Audiencia Provincial de Asturias, Sección Octava, en su sentencia 282/2026, de 30 de julio —ECLI:ES:APO:2026:3226—, examinó la actuación de una administradora que había destinado a usos propios fondos de una comunidad. La resolución consideró acreditada una apropiación indebida continuada y descartó la calificación alternativa de administración desleal.
La distinción práctica es relevante: tener autorización para operar con una cuenta no convierte a la persona autorizada en propietaria del saldo. En el caso se valoró la recepción legítima del dinero y su posterior disposición como propio. El tribunal reconoció, además, una indemnización por la cantidad pendiente reclamada.
La devolución parcial se tuvo en cuenta como atenuante, pero no eliminó la condena. Eso no establece que devolver un porcentaje determinado siempre reduzca la pena: deben examinarse la entidad de la reparación y las circunstancias del caso.
Otra cautela de la resolución resulta útil: la confianza normal de una relación profesional no permite aplicar automáticamente una agravación por abuso de relaciones personales. Cada agravación necesita su propio fundamento y prueba. Se trata de una resolución de Audiencia Provincial cuya firmeza no consta comprobada; su resultado no garantiza el de otros procedimientos.
¿Cuándo hablamos de hurto y cuándo de robo?
La diferencia no depende solo de cuánto vale lo sustraído. En el hurto se toma una cosa mueble ajena sin la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro. En el robo interviene la fuerza en las cosas en los términos que define la ley, o violencia o intimidación sobre las personas. Las circunstancias de acceso, sustracción y huida importan.
Para denunciar, identifica el objeto, acredita su propiedad y valor si puedes, y conserva números de serie, facturas, localización y posibles testigos. Si ocurrió en un establecimiento con cámaras, interesa solicitar pronto la conservación de las imágenes mediante la vía adecuada, antes de que se sobrescriban. No te enfrentes al sospechoso ni intentes recuperar el bien usando violencia.
La Ley Orgánica 1/2026 establece una agravación específica para el hurto de teléfonos móviles y otros dispositivos móviles de comunicación o de almacenamiento masivo de información digital susceptibles de contener datos personales. El artículo 235 prevé prisión de uno a tres años, con una excepción para los dispositivos destinados a venta, almacén o exposición en establecimientos comerciales. También se refuerza la respuesta a determinados hurtos reiterados. El valor inferior a 400 euros no permite concluir, por sí solo, que el hurto sea leve.
¿Falsificar una firma, una factura o un justificante es delito?
Puede serlo, pero hay que analizar qué se ha alterado, para qué se utilizó y qué clase de documento es. La ley diferencia documentos públicos, oficiales, mercantiles y privados, además de otros supuestos específicos. No toda afirmación falsa ni todo documento relacionado con una empresa reciben automáticamente la misma calificación penal.
Los artículos 390 y siguientes del Código Penal distinguen, entre otras conductas, la alteración de elementos esenciales, la simulación documental y la atribución de intervenciones que no existieron. Para los particulares, el alcance del delito depende de las formas legalmente previstas. En el documento privado también es relevante la finalidad de perjudicar a otro.
Si cuestionas una firma, conserva el original y documentos auténticos de comparación. Si se trata de un archivo digital, guarda el archivo recibido y el correo o canal por el que llegó. No lo edites para señalar las alteraciones: trabaja sobre una copia. Un análisis pericial puede ayudar a determinar autenticidad, modificaciones o autoría, sin sustituir la valoración judicial.
¿Vaciar una cuenta o transmitir bienes para no pagar puede ser delito?
El alzamiento de bienes y otras formas de frustración de la ejecución protegen la posibilidad de cobro de los acreedores. El artículo 257 del Código Penal alcanza conductas dirigidas a dificultar o impedir un embargo o una ejecución, incluso cuando su iniciación es previsible. No hace falta identificar siempre un embargo ya practicado.
Pero vender un bien o tener deudas no demuestra automáticamente alzamiento. Se deben estudiar la deuda, el patrimonio disponible, el destino de la contraprestación y la finalidad de la operación. Una transmisión aparente a una persona cercana puede requerir un análisis muy distinto del de una venta real, justificada y documentada.
Las insolvencias punibles tienen requisitos propios. El artículo 259 contempla, entre otras conductas, ocultación de activos, créditos ficticios e irregularidades contables relevantes en las situaciones previstas legalmente. La calificación del concurso no vincula por sí sola al tribunal penal.
Si eres acreedor, interesa reunir información comprobable sobre las operaciones sospechosas. Si administras una empresa con dificultades, documenta las decisiones y busca asesoramiento antes de disponer de activos o favorecer pagos: una solución improvisada puede agravar el problema.
¿Cuándo una deuda con Hacienda puede convertirse en delito fiscal?
No basta con que exista una deuda tributaria. El artículo 305 del Código Penal exige defraudación y, en su supuesto referido a la Hacienda estatal, autonómica, foral o local, que se supere el umbral de 120.000 euros en los conceptos previstos. Ese importe se refiere a lo defraudado, no a la facturación ni a los ingresos de la actividad.
El cálculo depende del tributo y del periodo. La norma contiene reglas para impuestos y declaraciones periódicas y otros conceptos; no corresponde sumar cualquier deuda de cualquier año para afirmar que existe delito. Además, los supuestos relativos a la Hacienda de la Unión Europea tienen reglas propias.
La pena básica es de uno a cinco años de prisión y multa proporcional, junto con otras consecuencias legales. La regularización puede tener efectos decisivos, pero exige reconocimiento y pago completos dentro de los límites temporales establecidos. Pagar cuando ya se han notificado determinadas actuaciones no produce necesariamente el mismo efecto que hacerlo antes.
Si has recibido una inspección, una liquidación o una citación judicial, conviene revisar inmediatamente qué documento es y cuándo lo recibiste. La existencia de un proceso penal tampoco suspende automáticamente el cobro administrativo.
¿Qué ocurre con las cuotas y prestaciones de la Seguridad Social?
También hay que separar dos situaciones. Para la defraudación de cuotas del artículo 307 del Código Penal, la cuantía debe exceder de 50.000 euros y se atiende al total defraudado durante cuatro años naturales. No es un umbral anual ni basta una dificultad de tesorería para afirmar sin más una conducta defraudatoria.
El fraude en prestaciones se regula separadamente en el artículo 307 ter. El umbral anterior no significa que obtener fraudulentamente prestaciones por menos de 50.000 euros quede siempre fuera del Derecho penal. Importan la simulación, la ocultación consciente de datos que debían comunicarse y el perjuicio, entre otros requisitos.
Una discrepancia sobre el derecho a una prestación tampoco equivale automáticamente a fraude. Antes de responder, conviene reunir las solicitudes, resoluciones, comunicaciones y datos realmente facilitados. Podemos estudiar el encaje entre la cuestión administrativa y la posible responsabilidad penal.
¿Qué documentos conviene preparar para la primera consulta?
Ordena una cronología breve: qué se pactó, quién intervino, qué cantidades se entregaron, cuándo conociste el problema y qué actuaciones se han producido después. Añade los documentos que tengas, sin intentar completar los huecos con suposiciones.
- Contratos, presupuestos, facturas y justificantes bancarios completos.
- Correos originales, mensajes y archivos recibidos, conservando fechas y contexto.
- Poderes, acuerdos y documentación societaria a la que tengas acceso legítimo.
- Reclamaciones y respuestas, incluidas propuestas de devolución o acuerdos.
- Citaciones, denuncias y notificaciones, con la fecha en que las recibiste.
- Una relación de los importes reclamados y de lo que ya se haya recuperado.
No accedas a cuentas ajenas ni suplantes identidades para conseguir pruebas. Tampoco publiques datos personales o acusaciones en redes como forma de presión. Una prueba útil debe obtenerse y conservarse respetando los derechos de los demás. Si solo dispones de capturas, guárdalas, pero conserva también los dispositivos y archivos originales que permitan contrastarlas.
¿Se puede recurrir el archivo de una denuncia si todavía hay pistas?
Puede haber motivos para recurrir, pero deben concretarse. El auto 513/2026, de 3 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Primera —ECLI:ES:APNA:2026:1116A—, revocó un archivo provisional relacionado con una presunta estafa en la compraventa de un vehículo. Faltaba identificar a los posibles autores, pero en la documentación de la operación aparecían dos números de teléfono cuya titularidad no se había investigado.
La Audiencia ordenó esa averiguación y, después, la declaración de las personas identificadas en la condición procesal correspondiente. No declaró culpables a los titulares de las líneas ni dio por probada la estafa. Consideró prematuro cerrar la investigación sin practicar diligencias concretas que podían esclarecer los hechos.
La lección práctica es conservar el anuncio, la factura y las comunicaciones completas. Para impugnar un archivo conviene explicar qué diligencia falta, de qué dato parte y qué puede aportar. La mera disconformidad con el resultado no equivale a un fundamento de recurso. Si recibes una resolución de archivo, consúltala cuanto antes: el plazo y la vía de impugnación dependen de la resolución y de cómo se haya notificado.
¿Solo puedo reclamar el dinero que me quitaron?
La responsabilidad civil puede comprender otros perjuicios vinculados al delito, cuando procedan y estén justificados. En la sentencia 209/2026, de 3 de septiembre, de la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Segunda —ECLI:ES:APNA:2026:1457—, un taxista había sufrido una estafa por un trayecto de 22,80 euros que no se pagó. En apelación se reconocieron 300 euros por daños y perjuicios, además de mantenerse los restantes pronunciamientos.
El tribunal valoró la argumentación sobre el tiempo y los desplazamientos derivados de lo sucedido y consideró suficientemente justificada esa pretensión en las circunstancias del caso. La decisión no fija una indemnización automática por cada denuncia ni permite reclamar cualquier molestia sin explicación. Sirve para recordar que la reclamación debe estudiar todas las consecuencias indemnizables, no limitarse de forma mecánica al pago inicial.
Anota los gastos y conserva sus justificantes. Diferencia lo que pagaste, los ingresos que dejaste de percibir y otros daños alegados; explica cómo se relacionan con los hechos. La multa penal, por su parte, no es una cantidad que se entregue a la víctima como indemnización.
¿Cómo podemos preparar la defensa o la reclamación?
Empezamos por separar lo que puede acreditarse de lo que todavía debe investigarse. Después valoramos la calificación jurídica, la posición de cada interviniente y las diligencias que pueden aclarar la operación. Si existe perjuicio económico, cuantificamos lo perdido y lo recuperado para evitar duplicidades.
Cuando el dinero pertenecía a una sociedad, hay que diferenciar el daño social del perjuicio directo que pueda haber sufrido una persona. Ser socio no convierte automáticamente en propio todo el crédito indemnizatorio de la empresa. La coordinación con las acciones civiles o societarias puede ser tan importante como la denuncia penal.
Si has recibido una citación, trae el documento completo: necesitamos saber si compareces como investigado, testigo o perjudicado y ante qué órgano. Si estás valorando denunciar, explica también las circunstancias que podrían contradecir tu interpretación. Conocerlas desde el inicio permite construir una respuesta más rigurosa.
Nuestro trabajo consiste en ayudarte a tomar esas decisiones con información: qué reclamar, qué defender, qué documentación preservar y qué riesgos asumir. El primer paso es estudiar tu situación concreta, sin prometer recuperaciones automáticas ni convertir la denuncia en una garantía de cobro.
¿Cómo podemos ayudarte?
Cuéntanos tu situación y las dudas que necesitas resolver. Estudiaremos contigo cómo abordar tu caso y proteger lo que más te importa.