Cirugía, anestesia y postoperatorio

¿Qué se considera una negligencia quirúrgica?

La responsabilidad puede surgir cuando la actuación se aparta de la diligencia exigible y produce un daño atribuible a ese incumplimiento. No se valora únicamente la destreza durante la operación. También importan la indicación, la planificación, la información al paciente y la respuesta ante incidencias.

Pueden merecer estudio una intervención sobre un lugar incorrecto, un daño a estructuras próximas que pudo evitarse con una técnica diligente, la retención de material o una demora injustificada en reconocer una complicación. La prueba debe explicar qué ocurrió realmente; una descripción genérica de «operación fallida» resulta insuficiente.

En ocasiones, el problema no está en una maniobra concreta, sino en la organización: información que no se transmite, ausencia de seguimiento o una transición defectuosa entre quirófano, recuperación y planta. Identificar el origen permite dirigir la reclamación frente a quienes correspondan, sin atribuir automáticamente todo al cirujano.

¿Una complicación conocida excluye la responsabilidad?

No necesariamente. Que una complicación sea posible obliga a analizar si se adoptaron las precauciones indicadas y si se respondió adecuadamente cuando apareció. A la inversa, su aparición no demuestra por sí misma que esas precauciones faltaran.

Pensemos en una lesión que requiere reintervención. El estudio debe distinguir si era un riesgo que se materializó pese a una actuación correcta, si deriva de una ejecución deficiente o si el perjuicio se agravó porque no se detectó y trató a tiempo. Esas hipótesis pueden tener consecuencias jurídicas diferentes.

El consentimiento firmado tampoco autoriza una atención negligente. Informar de un riesgo y ejecutar correctamente la intervención son obligaciones distintas. El documento se examina junto con las explicaciones ofrecidas, su antelación y las circunstancias personales del paciente.

La preparación y el consentimiento antes de operar

En una operación programada interesa comprobar la valoración previa, los antecedentes relevantes, las alergias, la medicación y las indicaciones que recibió el paciente. No corresponde a una guía jurídica decidir qué análisis debía hacerse: esa cuestión depende de la intervención y debe valorar un profesional con conocimientos adecuados.

La Ley 41/2002 exige consentimiento escrito para intervenciones quirúrgicas y determinados procedimientos invasivos o de riesgo. El paciente debe poder comprender la actuación propuesta, sus consecuencias y riesgos relevantes. Una firma aislada no explica por sí sola si existió una información suficiente.

Las urgencias tienen particularidades. La propia ley contempla supuestos en los que puede actuarse sin consentimiento cuando existe riesgo inmediato grave y no es posible obtener autorización, en las condiciones legalmente previstas. Por ello no deben trasladarse mecánicamente las exigencias de una operación electiva a cualquier emergencia.

¿Qué se revisa cuando se sospecha un error de anestesia?

La anestesia comprende valoración, vigilancia y recuperación, además de la administración de fármacos. El Hospital Universitario Puerta de Hierro explica estas fases de la atención anestésica. En una investigación pericial se estudian las actuaciones que correspondían al caso y los registros disponibles.

Pueden resultar relevantes la evaluación preanestésica, las dosis documentadas, la monitorización y el tratamiento de una incidencia respiratoria o circulatoria. También la información relativa al despertar y al traslado a recuperación. Un episodio adverso debe interpretarse en su contexto, sin atribuirlo a una dosis incorrecta solo porque ocurrió durante la anestesia.

El informe anestésico y los gráficos de constantes suelen aportar una secuencia temporal distinta del resumen de alta. Por eso se solicitan expresamente. Si varias especialidades participaron, puede ser necesario un análisis coordinado que diferencie sus funciones y la relación entre los acontecimientos.

¿Puede haber negligencia después de una operación correcta?

Sí. La valoración de la asistencia continúa después de cerrar la intervención. Debe examinarse qué controles estaban indicados, cómo evolucionó el paciente y qué respuesta se dio a los signos que requerían valoración. La corrección de la operación no resuelve por sí sola una posible falta de seguimiento.

Resultan especialmente útiles las anotaciones de enfermería, las constantes, las llamadas a facultativos y las pruebas solicitadas. También las instrucciones de alta y los contactos posteriores. En un reingreso, comparamos qué información estaba disponible antes de salir del hospital con la situación que motivó el regreso.

Si actualmente existe un empeoramiento, la prioridad es recibir atención sanitaria. La conservación de documentos y la reclamación pueden organizarse sin retrasar esa asistencia. La página no sustituye instrucciones clínicas ni permite decidir si un síntoma forma parte de una recuperación normal.

¿Cómo se estudia una infección postoperatoria?

La aparición de una infección exige una valoración individual. Hay que revisar factores personales, medidas de prevención indicadas, datos microbiológicos disponibles, diagnóstico y tratamiento. No toda infección contraída durante un ingreso prueba automáticamente negligencia ni toda infección es inevitable.

Además de la técnica quirúrgica, puede ser relevante estudiar la organización del centro y el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes. El perito debe concretar qué conducta se cuestiona y con qué respaldo. No basta con deducir una falta de higiene del resultado final.

Una demora en reconocer o abordar la infección puede constituir una cuestión distinta de su origen. Esa separación ayuda a determinar qué parte del daño se atribuye a la asistencia y cuáles son las pruebas necesarias para sostener la reclamación.

¿Qué documentación necesitamos?

Solicita la historia clínica del episodio completo, no únicamente el informe de alta. La Ley 41/2002 recoge documentación quirúrgica y anestésica entre sus contenidos. Los informes de quirófano, anestesia, anatomía patológica, evolución y cuidados permiten reconstruir la atención.

Conviene conservar también los consentimientos, valoraciones previas, pruebas de imagen y documentación de reintervenciones o ingresos posteriores. Si hubo asistencia en otro hospital, debe incorporarse para analizar la evolución. Los justificantes de solicitudes ayudan a identificar qué información se pidió y qué se ha entregado.

Para valorar el perjuicio, se reúnen gastos relacionados, bajas, información sobre ingresos y necesidad de ayuda. Las fotografías de una evolución visible pueden resultar útiles si conservan su fecha y contexto, pero no sustituyen la exploración ni el criterio pericial. No es necesario enviar documentación sensible sin acordar antes un canal adecuado.

¿Cómo se calcula la indemnización?

Primero hay que determinar el daño imputable. Una operación puede ser necesaria por una enfermedad grave, cuyas consecuencias no deben confundirse con las causadas por un fallo asistencial. Después se valoran las lesiones temporales, secuelas, gastos y pérdidas económicas que puedan acreditarse.

La necesidad de ayuda de terceros o una limitación laboral requieren justificación específica. El baremo de daños personales puede servir como referencia en determinados análisis, pero no convierte la responsabilidad sanitaria en un cálculo automático equivalente a un accidente de tráfico.

También puede plantearse un perjuicio vinculado a una información insuficiente, según las circunstancias. Su valoración no equivale necesariamente a atribuir todo el daño físico al defecto de consentimiento. Separar conceptos evita duplicidades y reclamaciones construidas sobre cantidades sin fundamento.

¿Se reclama por la vía pública o por la privada?

Si la asistencia se atribuye a una Administración sanitaria, normalmente se estudia la responsabilidad patrimonial. En un centro privado puede corresponder una reclamación civil contra profesionales, centro o aseguradora, en función de la relación y la cobertura. Los conciertos y derivaciones requieren revisar el régimen concreto de la asistencia.

La denuncia penal se reserva a hechos que puedan ser constitutivos de delito. No es un paso obligatorio para pedir una indemnización ni una herramienta para presionar si la aseguradora discrepa. Elegir el procedimiento exige examinar pruebas y efectos sobre las demás vías.

Antes de actuar, identificamos responsables, pólizas cuando proceda y reclamaciones anteriores. Una decisión administrativa firme o una actuación judicial previa puede influir en lo que aún es posible discutir. Por eso interesa conocer el expediente completo desde el principio.

MASC previo: ¿hay que negociar con la aseguradora?

Para las demandas civiles comprendidas en la Ley Orgánica 1/2025, la regla general exige intentar previamente una solución negociada. Puede hacerse entre abogados y no obliga a aceptar una oferta ni a acudir siempre a mediación.

La comunicación debe identificar adecuadamente el conflicto y sus destinatarios. Si la demanda se dirigirá contra distintas personas o entidades, es necesario estudiar el requisito respecto de ellas. No debe presumirse que un correo genérico a una aseguradora cumple todos los trámites.

La reclamación frente a una entidad del sector público está excluida de ese régimen civil por el artículo 3. Tiene sus propias exigencias administrativas. Conservamos prueba de las actuaciones y sus fechas, diferenciándola de las propuestas confidenciales formuladas durante una negociación.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar?

En responsabilidad patrimonial, el artículo 67 de la Ley 39/2015 fija un año y, para daños físicos o psíquicos, sitúa el inicio en la curación o determinación de las secuelas. Una revisión posterior no reinicia necesariamente el plazo de un daño ya determinado.

En la vía civil, el Derecho común distingue, entre otras, la acción extracontractual de un año y las acciones personales contractuales sin plazo especial de cinco años. Si rige el Derecho civil catalán, hay reglas diferentes, incluida la prescripción trienal extracontractual. La naturaleza de la acción y la ley aplicable deben comprobarse.

No conviene esperar a terminar toda la rehabilitación para consultar el calendario jurídico. Pedir documentos o presentar una queja no protege automáticamente la acción. Una reclamación eficaz y, cuando corresponda, el MASC deben organizarse controlando sus efectos y fechas.

Así te acompañamos en el despacho

Podemos estudiar la operación, la anestesia y la evolución posterior con la documentación y el apoyo pericial adecuados. Te explicaremos si hay base para continuar, qué costes y pruebas requiere cada fase y qué alternativas existen antes de decidir si presentar una demanda.

Información general preparada en septiembre de 2026. Cada reclamación exige valorar sus hechos, documentación y régimen jurídico.