Atribución del uso de la vivienda familiar y destino de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias

¿Qué régimen económico se aplica a nuestro matrimonio?

Antes de repartir bienes hay que identificar la ley aplicable, las capitulaciones matrimoniales y el régimen económico. Vivir en Barcelona o haberse casado en Cataluña no basta, por sí solo, para resolverlo: pueden influir la vecindad civil, las circunstancias al contraer matrimonio y, en situaciones internacionales, las reglas de conflicto.

Cuando resulta aplicable el Derecho civil catalán, el régimen supletorio es la separación de bienes. Bajo el Código Civil común, a falta de pacto, es la sociedad de gananciales. También existen otros regímenes territoriales. Revisamos esta cuestión antes de calcular porcentajes, porque una misma aportación puede recibir un tratamiento diferente.

Gananciales y separación de bienes: ¿qué cambia al repartir?

En gananciales, normalmente son comunes los salarios y las adquisiciones realizadas con fondos gananciales. Las herencias y donaciones recibidas individualmente suelen ser privativas; no todo lo adquirido durante el matrimonio se divide automáticamente. Los frutos y rendimientos de bienes privativos pueden ser gananciales. Al liquidar se inventarían activos, deudas y reintegros, y se reparte el remanente conforme a las reglas del Código Civil.

En separación de bienes, cada cónyuge conserva su patrimonio. Los bienes comprados conjuntamente pertenecen según sus cuotas, sin que el divorcio convierta todos los patrimonios en uno común. Deben distinguirse la titularidad, el origen del dinero y los posibles créditos o compensaciones.

Hay un matiz especialmente relevante en Cataluña: el artículo 232-3 del Código civil de Cataluña presume donación cuando un cónyuge paga una adquisición onerosa que figura a nombre del otro. Es una presunción que admite prueba en contrario; no puede darse por hecho que quien pagó recuperará siempre ese dinero.

¿Quién puede quedarse usando la vivienda familiar?

La atribución del uso permite ocupar la vivienda; no transmite su propiedad. Una persona puede conservar su cuota y, sin embargo, no tener su uso inmediato. La decisión debe atender a los hijos, la guarda, las necesidades de alojamiento y la legislación aplicable. No se atribuye automáticamente a la madre ni a quien paga más.

En el Derecho común, el artículo 96 del Código Civil establece, a falta de acuerdo aprobado, la regla de uso por los hijos comunes menores y el progenitor con quien queden hasta que todos alcancen la mayoría de edad. Existen previsiones específicas para situaciones de discapacidad. La dependencia económica de un hijo adulto no prolonga por sí sola ese derecho de uso, aunque pueda continuar su derecho a alimentos.

En Cataluña, el artículo 233-20 vincula preferentemente el uso a la guarda de los hijos comunes mientras dure esta. Contempla supuestos y excepciones que obligan a estudiar las alternativas de vivienda y la necesidad de protección. Por eso conviene preparar una propuesta de alojamiento viable y coherente con las medidas sobre los hijos.

¿Qué sucede con la custodia compartida o si no hay hijos menores?

La custodia compartida no exige vender inmediatamente la casa ni mantenerla indefinidamente para uno de los progenitores. En Derecho común se valoran las circunstancias y se fija un límite temporal adecuado. La STS 586/2025, de 21 de abril, recuerda la necesidad de ponderar la situación al atribuir el uso en custodia compartida: no existe un plazo universal para todas las familias.

En Cataluña, cuando la guarda es compartida o distribuida, o no existen hijos sujetos a guarda, adquiere relevancia el cónyuge más necesitado. El uso atribuido por necesidad tiene carácter temporal. La eventual prórroga requiere cumplir sus condiciones y pedirla con la anticipación legal: en los supuestos del artículo 233-20.5, al menos seis meses antes del vencimiento.

Los cambios posteriores pueden justificar una revisión. No conviene actuar por cuenta propia cambiando cerraduras o expulsando al ocupante: hay que comprobar el acuerdo o resolución vigente y el cauce para modificarlo.

¿Importa que la vivienda sea de uno, de ambos o de un familiar?

Sí. Analizamos la escritura, las cuotas, la fecha de compra y la financiación. Una vivienda privativa puede quedar temporalmente destinada al uso familiar sin perder ese carácter. En gananciales, la vivienda familiar comprada a plazos antes del matrimonio puede presentar una titularidad proporcional si después se paga con dinero ganancial: no basta con mirar la fecha inicial.

Si pertenece a los padres de uno de los miembros de la pareja o a otro tercero, la resolución matrimonial no crea frente al propietario un derecho ilimitado. Hay que identificar si existe arrendamiento, cesión u otro título y su duración. Una solución que ignore al propietario puede provocar un segundo conflicto.

Si vivimos de alquiler, ¿quién puede continuar y qué debe comunicar?

El artículo 15 de la Ley de Arrendamientos Urbanos permite al cónyuge no arrendatario continuar cuando se le atribuye el uso conforme a la legislación aplicable. En determinados supuestos pasa a ser titular del contrato. Debe comunicar al arrendador su voluntad de continuar dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución, acompañando la parte relevante de esta.

La atribución no convierte el alquiler en indefinido ni elimina rentas pendientes. Si ambos firmaron, conviene regular expresamente la continuidad y las obligaciones frente al arrendador; el pacto entre la pareja no libera necesariamente al otro firmante. En parejas no casadas no debe trasladarse automáticamente esta regla: revisamos el contrato y las normas aplicables a su situación.

¿Quién paga suministros, comunidad, IBI y reparaciones?

Es fundamental separar el reparto entre los miembros de la familia de las responsabilidades frente a terceros. En Cataluña, el artículo 233-23 atribuye al beneficiario del uso los gastos ordinarios de conservación, mantenimiento y reparación, incluidos comunidad, suministros y tributos y tasas de devengo anual. Esto comprende, en la relación interna, conceptos como el IBI.

Sin embargo, ese reparto no cambia por sí solo quién responde legalmente ante la comunidad, la Administración o una compañía. Si reclaman al propietario un importe que internamente correspondía al usuario, puede ser necesario exigir después su reintegro. Las derramas y obras deben examinarse por su naturaleza, sin llamar ordinario a cualquier gasto.

Fuera del régimen catalán no conviene aplicar esa distribución como una regla general española. Revisamos la normativa, el convenio y la sentencia. Un buen acuerdo identifica cada concepto, vencimientos, justificantes y forma de reembolso para evitar discusiones recurrentes.

¿Tengo que seguir pagando la hipoteca si ya no vivo allí?

Salir de la vivienda no cancela la obligación asumida con el banco. La atribución del uso y el préstamo son cuestiones distintas. La STS 188/2011, de 28 de marzo, distingue la deuda por adquisición de vivienda de las cargas familiares. No significa que cualquier hipoteca deba pagarse siempre al 50 %: hay que revisar el préstamo, la propiedad y los acuerdos internos.

Si uno se adjudica el inmueble y promete asumir toda la deuda, el otro no queda liberado frente al banco sin su consentimiento. El artículo 1205 del Código Civil exige la conformidad del acreedor para sustituir al deudor. Tampoco debe dejarse de abonar unilateralmente la pensión de alimentos para compensar cuotas hipotecarias.

¿Podemos vender o adjudicar la vivienda a uno de nosotros?

Las alternativas habituales son vender, adjudicar a uno compensando al otro, mantener temporalmente la copropiedad o solicitar su división por el procedimiento adecuado. Antes de elegir valoramos cargas, derecho de uso, financiación, gastos e impuestos. Una venta no borra automáticamente un derecho de uso protegido.

Por ejemplo, si una vivienda pertenece por mitades, vale 300.000 euros y soporta una deuda pendiente de 100.000, el valor neto inicial sería 200.000 euros. La mitad serían 100.000 euros, antes de considerar gastos, créditos entre las partes y otros ajustes. Esa operación aritmética no acredita que el banco acepte liberar a quien deja de ser propietario.

También conviene prever tasación, plazo de venta, precio mínimo y qué ocurrirá si nadie compra. La fiscalidad depende de la operación y las circunstancias: una adjudicación no debe presentarse como libre de impuestos sin estudiarla.

¿Cómo repartimos muebles, vehículos y otros inmuebles?

Preparamos un inventario que distinga muebles domésticos, objetos personales, vehículos, inversiones y otras fincas. El uso del ajuar familiar no equivale necesariamente a adquirir su propiedad. Fotografías, facturas y valoraciones ayudan a concretar qué se entrega, cuándo y en qué estado.

En la separación de bienes catalana, los muebles de valor ordinario destinados al uso familiar y adquiridos onerosamente se presumen de ambos por mitades, con las particularidades legales. Los objetos personales, profesionales o de especial valor requieren un análisis diferente. No basta con aplicar una regla idéntica al sofá, a una joya heredada y a una herramienta de trabajo.

Para segundas residencias o locales revisamos escritura, financiación y régimen económico. Puede acordarse una compensación global, pero el inventario debe permitir entender qué recibe cada persona y qué deuda conserva.

¿El dinero de una cuenta conjunta pertenece a ambos por mitades?

No necesariamente. Como explica el Banco de España sobre las cuentas con varios titulares, poder operar no determina la propiedad del saldo. Importan el origen de las aportaciones y el régimen económico. Un salario puede ser ganancial aunque lo cobre solo uno; una herencia no se convierte automáticamente en común por ingresarse en una cuenta compartida.

En una cuenta indistinta puede operar un titular según el contrato, pero eso no le autoriza a apropiarse de dinero ajeno. En una mancomunada se requieren las firmas pactadas. Revisamos extractos, transferencias, saldo y movimientos para reconstruir las aportaciones.

Vaciar la cuenta o retirar la mitad sin analizar la titularidad puede agravar el conflicto. Si existe riesgo de disposición perjudicial, conviene conservar documentación y estudiar medidas de protección, manteniendo identificados los pagos familiares necesarios.

¿Y si éramos pareja sin estar casados?

La convivencia no crea automáticamente una sociedad de gananciales. El reparto parte de las titularidades, aportaciones y pactos, junto con la normativa aplicable a la pareja. Tener hijos comunes tampoco transforma todos los bienes en una propiedad compartida.

En Cataluña, el artículo 234-8 regula la vivienda tras la ruptura de una pareja estable, con especial atención a la guarda de los hijos. Además, pueden existir compensación por trabajo o prestación alimentaria si concurren sus requisitos. Las pretensiones reguladas en el artículo 234-13 tienen un plazo de un año desde la extinción de la pareja; no debe confundirse con un plazo único para cualquier reclamación patrimonial.

¿Puede existir compensación por dedicarse al hogar?

Sí, pero no es automática ni equivale a igualar patrimonios. En la separación de bienes catalana puede proceder compensación económica por razón de trabajo cuando concurren una dedicación sustancialmente mayor al hogar, o trabajo insuficientemente retribuido para el otro, y los requisitos relativos al incremento patrimonial. Debe plantearse en el momento procesal adecuado.

Esta compensación es distinta de la prestación compensatoria derivada del perjuicio económico de la ruptura. También difieren las reglas del Código Civil común. Estudiamos cada figura por separado para evitar duplicidades o perder una pretensión por no formularla a tiempo.

¿Cómo preparamos una solución económica segura?

Empezamos por escrituras, capitulaciones, préstamos, recibos, contratos de alquiler, extractos bancarios e ingresos. Añadimos las necesidades de los hijos y las resoluciones vigentes. Con esa información elaboramos un inventario y comparamos acuerdos posibles con las alternativas judiciales.

Comprobamos si la reclamación concreta exige negociación previa mediante un MASC conforme a la Ley Orgánica 1/2025, así como sus excepciones y las medidas urgentes que puedan proceder. Negociar no obliga a aceptar un acuerdo. La solución debe coordinarse con la separación o divorcio y proteger tanto las necesidades familiares como la viabilidad económica de lo pactado.