Una amenaza, una agresión o una citación judicial requieren algo más que una respuesta genérica. Necesitas saber qué hacer ahora, qué pruebas conservar y qué consecuencias puede tener cada decisión para tu seguridad, tu libertad y tus hijos. En Tot Dret Advocats estudiamos tu situación y preparamos la intervención penal que corresponda.
Asistimos a víctimas y defendemos a personas denunciadas, en asuntos distintos y previa comprobación de que no exista conflicto de intereses. La protección y la presunción de inocencia forman parte de un mismo procedimiento con garantías. Te explicamos las opciones con claridad, sin prometer un resultado que depende de los hechos y de la prueba.
Si existe peligro inmediato, llama al 112. Para información y apoyo especializado puedes acudir al servicio público 016. Una consulta con el despacho no sustituye la atención de emergencia. Utiliza un dispositivo seguro si alguien controla tus comunicaciones.
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¿Qué se considera violencia de género en la pareja?
En el ámbito de la Ley Orgánica 1/2004, hablamos de violencia ejercida por un hombre sobre una mujer que sea o haya sido su esposa o su pareja en una relación análoga, aunque nunca hayan convivido. La separación no deja a la expareja fuera de esta protección.
No existe un único delito llamado violencia de género con una pena idéntica para todos los casos. Los hechos pueden constituir maltrato, lesiones, amenazas, coacciones, acoso, violencia habitual o delitos contra la libertad sexual, entre otros. Es necesario identificar la conducta concreta y los requisitos del precepto aplicable.
La violencia doméstica tiene un ámbito diferente: incluye otras relaciones familiares y puede afectar a hombres y mujeres, también en parejas del mismo sexo. Que una situación no encaje en la definición de violencia de género de esa ley no significa que quede sin protección penal. Puedes ampliar esta diferencia en nuestra guía sobre violencia doméstica, señales y protección.
¿Puede haber delito sin heridas ni parte médico?
Sí. El maltrato de obra puede existir aunque el golpe o empujón no produzca una lesión visible. También pueden ser delictivas las amenazas o las coacciones, que protegen la libertad y la seguridad personal, o el maltrato psicológico habitual, que afecta a la integridad moral.
Por eso, no disponer de un parte médico no impide denunciar. Si necesitas atención sanitaria, acude y explica con exactitud qué ha sucedido y qué síntomas tienes. Conserva los informes. Su función es documentar la asistencia y los hallazgos; no demuestran automáticamente quién causó cada lesión ni sustituyen el análisis del resto de pruebas.
A la inversa, una discusión desagradable no permite dar por acreditado cualquier delito. Hay que estudiar las palabras, las actuaciones, el contexto, la relación y la prueba. El asesoramiento sirve precisamente para distinguir el conflicto de pareja de las conductas que reúnen los requisitos penales, sin minimizar una situación de riesgo.
Amenazas, control y coacciones: ¿qué conductas debemos revisar?
Una amenaza anuncia un mal y puede afectar a la tranquilidad y a la libertad de quien la recibe. Las coacciones obligan a hacer algo que no se quiere o impiden realizar una conducta lícita mediante los medios que exige el tipo penal. Retener a la pareja para impedirle salir o forzar determinadas actuaciones exige una valoración concreta, no una etiqueta automática.
Los mensajes reiterados, la vigilancia, las llamadas insistentes o la búsqueda continua de contacto pueden constituir acoso cuando concurren los requisitos del artículo 172 ter del Código Penal, incluida la alteración del desarrollo normal de la vida cotidiana. Un mensaje aislado y una conducta persistente no se analizan igual.
El control del teléfono o de las contraseñas puede plantear además problemas de intimidad. Para contarlo al abogado, describe hechos: qué acceso hubo, qué mensajes recibiste, qué te exigían y qué cambió en tu vida. Evita limitar el relato a expresiones como «me controlaba» sin explicar en qué consistía ese control.
¿Qué penas pueden imponerse?
Las penas dependen del delito y de las circunstancias. Como referencia, el Código Penal vigente establece estos marcos principales para los supuestos indicados:
- Maltrato del artículo 153.1: prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días.
- Amenazas leves del artículo 171.4 y coacciones leves del artículo 172.2 contra la esposa o expareja mujer: esos mismos marcos principales.
- Violencia física o psíquica habitual del artículo 173.2: prisión de seis meses a tres años, sin perjuicio de las penas de los delitos concretos cometidos.
- Quebrantamiento del artículo 468.2 de una prohibición de aproximación o comunicación en este ámbito: prisión de seis meses a un año.
No es una tabla de resultados garantizados. Pueden añadirse prohibiciones de armas, aproximación y comunicación, así como consecuencias sobre derechos familiares en los casos legalmente previstos. La presencia de menores, el domicilio o el incumplimiento de una medida pueden agravar determinados delitos. Las lesiones más graves tienen su propia regulación.
Tampoco corresponde al acusado elegir unilateralmente entre prisión y trabajos comunitarios. Antes de aceptar una conformidad hay que conocer la pena completa, las medidas, la responsabilidad civil y sus efectos, no sólo los meses de prisión.
¿Qué hago si necesito denunciar y pedir protección?
Ante una emergencia, pide ayuda inmediata. Fuera de ella, puedes acudir a los Mossos d’Esquadra u otros cuerpos policiales, al órgano judicial o a la Fiscalía para comunicar los hechos. Puedes solicitar asistencia letrada antes de formalizar la denuncia y explicar si temes una nueva agresión o si hay menores afectados.
Prepara, si hacerlo es seguro, una cronología sencilla: qué ocurrió, cuándo, dónde y quién pudo verlo u oírlo. Identifica los episodios anteriores, amenazas recientes, armas, seguimientos e incumplimientos de medidas. No necesitas memorizar artículos del Código Penal: lo importante es describir lo ocurrido con precisión y decir qué recuerdas y qué no.
La denuncia y la solicitud de protección cumplen funciones relacionadas, pero diferentes. La primera comunica posibles delitos; la segunda pide medidas frente al riesgo. No debes esperar a reunir un expediente perfecto para buscar ayuda. La investigación puede incorporar pruebas después.
Si quieres que te acompañemos, indícanos si ya hay denuncia, citación o una comparecencia señalada. Revisaremos la documentación y la disponibilidad para intervenir, también cuando sea necesario coordinar la cuestión penal con la familiar.
¿La orden de protección se concede automáticamente?
No. El órgano judicial debe apreciar indicios fundados de determinados delitos y una situación objetiva de riesgo que requiera protección. Puede acordar prohibiciones de aproximación y comunicación y otras medidas adecuadas al caso. La valoración cautelar no equivale a una sentencia de culpabilidad.
El artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé una audiencia urgente que debe celebrarse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la solicitud. Ese plazo se refiere a la audiencia de la solicitud: no garantiza que se conceda la orden ni significa que todo el procedimiento termine en tres días.
Aporta información concreta sobre el riesgo y sobre las medidas que necesitas. Si se deniega la orden o cambian las circunstancias, hay que revisar la resolución, el recurso disponible y la posibilidad de solicitar nuevas medidas. No deduzcas de la denegación que la denuncia se haya archivado: son decisiones diferentes.
¿Qué ocurre con los hijos, las visitas y la vivienda?
La orden de protección puede incorporar medidas civiles sobre vivienda, guarda, visitas y alimentos. Para solicitarlas conviene aportar las resoluciones familiares existentes, las necesidades de los menores y la situación real de convivencia. La protección de los hijos requiere una valoración propia.
Cuando se dicta una orden con medidas penales y existen indicios fundados de que los menores han presenciado, sufrido o convivido con la violencia prevista en el artículo 544 ter, la ley establece la suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación. Excepcionalmente puede acordarse otra solución a instancia de parte, mediante resolución motivada en el interés superior del menor y previa evaluación de la relación paternofilial.
Las medidas civiles de esa orden tienen una vigencia inicial de treinta días. Si dentro de ese plazo se inicia el procedimiento de familia, se mantienen durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda; dentro de este último plazo deben ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto por el órgano competente. No confundas este régimen con la duración de las prohibiciones penales.
En Cataluña también hay que coordinar estas decisiones con el Derecho civil catalán aplicable. Nuestra área de Derecho de familia permite abordar ambas vertientes. No improvises entregas de menores o contactos incompatibles con una prohibición judicial.
¿Qué pruebas conviene conservar?
Conserva los mensajes completos y los archivos originales, no sólo capturas recortadas. Anota qué cuenta o teléfono los envió y las fechas. Guarda audios, correos, llamadas, informes sanitarios, fotografías y documentos relacionados, sin editar su contenido. Identifica a quien haya visto u oído hechos concretos.
Distingue lo que un testigo presenció de lo que conoce porque se lo contaste. Ambas situaciones pueden aportar información, pero no son equivalentes. Una cronología escrita ayuda a orientar la investigación; no transforma por sí sola un recuerdo en una prueba independiente.
Si temes que alguien acceda al dispositivo, prioriza tu seguridad y pide orientación para conservar la información por un canal seguro. No entres sin autorización en cuentas ajenas, no instales programas espía y no provoques un encuentro peligroso para conseguir una grabación. Si es necesario, valoraremos la intervención de un perito informático.
Tu declaración puede ser una prueba relevante, incluso central. No se descarta automáticamente porque no haya testigos presenciales, pero tampoco tiene una presunción de veracidad que elimine la presunción de inocencia. El tribunal debe explicar racionalmente por qué considera acreditados los hechos. Preparar la declaración significa ordenar recuerdos y documentación, nunca aprender un relato prefabricado.
¿Puedo retirar la denuncia para que termine el procedimiento?
Retirar la denuncia no garantiza el archivo. En los delitos perseguibles de oficio, el procedimiento puede continuar por impulso de la Fiscalía aunque la víctima no quiera mantener una acusación particular. El desenlace depende de la prueba y de las reglas procesales.
Otra cuestión es la dispensa de declarar por la relación familiar o de pareja, regulada en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No existe siempre: la ley contiene excepciones, entre ellas haber sido acusación particular o haber aceptado declarar durante el procedimiento después de recibir información adecuada sobre ese derecho.
También debe examinarse la situación de los menores víctimas. El criterio de la Fiscalía incluye, a estos efectos, a menores que han presenciado conscientemente la violencia contra su madre, tutora o guardadora, y afecta a la posibilidad de que ésta se dispense como representante o guardadora. No basta con afirmar genéricamente que «hay hijos»: hay que comprobar los hechos y la excepción aplicable.
Antes de decidir, pide que te expliquen tus derechos en tu situación concreta. Si existen presiones, miedo o amenazas para que cambies tu declaración, comunícalo. No dejes de acudir a una citación por creer que el procedimiento ha terminado.
¿Podemos volver a vernos si ambos queremos?
Si existe una prohibición judicial vigente, el consentimiento de la persona protegida no la deja sin efecto. Una reconciliación, una invitación a entrar en casa o un acuerdo sobre los hijos no sustituyen la decisión judicial que debe modificar o levantar la medida.
Lee exactamente qué se prohíbe: aproximarse, comunicarse directamente, hacerlo por terceros o utilizar determinadas vías. Si surge un encuentro fortuito, no lo conviertas en un contacto voluntario. Para cualquier gestión necesaria, solicita asesoramiento sobre la forma permitida de realizarla.
La SAP de Madrid 296/2026, de 13 de mayo, sección 27.ª, ECLI:ES:APM:2026:6978, confirmó una condena por quebrantamiento en un caso de encuentros reiterados con la expareja pese a una orden conocida. La alegación de que ella se acercaba y consentía no anuló la prohibición. La resolución valoró el conocimiento de la medida y la permanencia voluntaria, no una coincidencia accidental.
Un caso de maltrato habitual: ¿por qué importa explicar el conjunto?
La STS 276/2026, de 9 de abril, ECLI:ES:TS:2026:1596, examinó una sucesión de agresiones, amenazas, humillaciones y control sobre la pareja. El Supremo mantuvo la condena por maltrato habitual junto con las correspondientes a actos concretos.
La enseñanza es que el maltrato habitual tiene autonomía: se examina la situación continuada de violencia y sometimiento, no una simple suma mecánica de incidentes. No existe una regla universal según la cual sea necesario esperar a una tercera agresión para pedir ayuda o denunciar.
Para preparar el asunto interesa explicar los episodios y cómo se relacionan, con sus fechas aproximadas y pruebas. Esta sentencia resolvió una cuestión de calificación jurídica; no debe utilizarse como si el Supremo hubiera vuelto a valorar libremente toda la credibilidad de los testimonios.
Otro caso: amenazas acreditadas y un episodio no probado
La SAP de Madrid 462/2026, de 1 de julio, sección 26.ª, ECLI:ES:APM:2026:8708, confirmó una condena por amenazas telefónicas. Un agente había escuchado la conversación a través del altavoz, aportando una corroboración directa.
En cambio, mantuvo la absolución por el episodio de maltrato también denunciado. Los posibles testigos de ese episodio no estaban identificados y la primera sentencia había considerado insuficiente la prueba. Además, el recurso de la acusación pidió una condena sin solicitar la nulidad necesaria para discutir aquella valoración por el cauce procedente. La Audiencia no sustituyó por ello la absolución por una condena.
El caso muestra la importancia de identificar testigos y plantear correctamente cada petición y recurso. No establece que siempre haga falta un parte médico ni que todo testimonio sin otro testigo carezca de valor.
Me han denunciado: ¿cómo preparo mi defensa?
Una denuncia no es una condena. Si te citan o detienen, solicita asistencia letrada y conoce los hechos que se te atribuyen antes de decidir cómo ejercer tus derechos. Como investigado tienes derecho a guardar silencio y a no declarar contra ti, en los términos legales.
Conserva íntegramente las comunicaciones y la documentación que pueda aclarar los hechos, incluida la que contradiga tu primera impresión. Facilita a tu abogado una cronología, posibles testigos y las resoluciones recibidas. No borres mensajes ni contactes con la denunciante para que retire la denuncia, especialmente si hay una prohibición judicial.
La defensa debe estudiar la prueba de cargo, su obtención, las contradicciones relevantes y las alternativas que puedan acreditarse. Una absolución o un archivo no demuestran por sí solos una denuncia falsa. Si consideras que existe una imputación conscientemente falsa, habrá que analizar separadamente sus requisitos y el momento procesal adecuado.
En Tot Dret podemos revisar tu citación, preparar la declaración y valorar las medidas cautelares y la estrategia de defensa. El encargo se delimita según la fase y la documentación disponible.
¿Tengo derecho a abogado gratuito? ¿Qué incluye el encargo privado?
La Ley de asistencia jurídica gratuita reconoce a las víctimas de violencia de género este derecho con independencia de sus recursos en los procesos vinculados a esa condición, con los requisitos legales. Incluye orientación inmediatamente anterior a la denuncia. Puedes pedir información sobre el turno especializado; no necesitas contratar privadamente para acceder a esa protección.
Si eliges un encargo privado con Tot Dret, concretaremos las actuaciones y los honorarios antes de comenzar. Puede abarcar asesoramiento, asistencia, personación, solicitud o impugnación de medidas, preparación de prueba, juicio y recursos, según lo contratado. La intervención de procurador o peritos se explica y presupuesta cuando sea necesaria.
Para la primera consulta basta con situar el problema e indicar si hay una fecha próxima. Te explicaremos cómo facilitar la denuncia, citación o resoluciones por un canal adecuado. No hace falta enviar información íntima de menores en un formulario inicial. El objetivo es que entiendas el siguiente paso y puedas decidir con una estrategia jurídica fundada.
Contenido actualizado el 21 de septiembre de 2026. La respuesta a un caso concreto requiere examinar sus hechos, la prueba y las resoluciones existentes.
¿Cómo podemos ayudarte?
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