Decidir quién muere o no. En este artículo hago una serie de reflexiones sobre la dura decisión del personal médico en esta crisis del coronavirus, a propósito de un vídeo colgado por el Doctor Gaona en el canal “La Reunión Secreta” dónde se analiza esta cuestión.
Ahora bien, debemos ir abonando el terreno para un necesario debate cuando esta pesadilla pase. Si te interesa el tema, sígueme!
¿Qué te explicamos en este artículo?
El desprecio a la grave situación creada por el coronarvirus
No cabe duda de que el gobierno jamás se tomó en serio esto del coronavirus. Tanto es así que Fernando Simón Soria, médico epidemiólogo y Director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, anunció a principios del mes de marzo que apenas habría “unas decenas” de fallecidos como consecuencia del covid-19.
Pues bien, la realidad es que a fecha de 23 de marzo de 2020 ya superamos los 2.000 decesos. Y lo hacemos en una situación que muestra el claro colapso del sistema sanitario español, sobre todo en Madrid.
Huelga ahondar más en la cuestión de estrés sobre el personal sanitario, pues valga ver algún vídeo colgado en el canal youtube para comprobar la falta de medios materiales con los que lidian los pocos profesionales de la salud que trabajan en los diferentes hospitales de España.
Lo que cabe exponer es que en las fechas en las que el gobierno minimizaba la situación en Italia, el día 4 de marzo ya contaba con 2.502 contagios y 79 fallecidos. Mientras tanto, en España se celebraba la manifestación del 8 de marzo, el concierto de Isabel Pantoja, el míting de Vox y cuantos otros acontecimiento públicos, de cualquier signo e ideología, se prestaron a convocar los entes sociales.
En China y por aquellas fechas la provincia de Hubei, con una población similar a la de España, permanecía en cuarentena desde finales del mes de enero. Y tal y como se hacían eco los medios de comunicación, también a principios del mes de marzo casi no quedaban países dentro de la Unión Europea sin exposición al coronavirus o covid-19.
Retomando la situación en España, para el día 4 de abril estaba claro que el coronavirus se había extendido a lo largo y ancho del territorio nacional. Así lo muestra el siguiente gráfico obtenido de fuentes oficiales.
Luego, la conclusión a día 4 de marzo e incluso días antes, era que el covid-19 estaba presente en casi todas las regiones españolas de forma incipiente. Cual pudiera ser la posible evolución la podía conocer el gobierno analizando los casos chino e italiano. Las medidas para evita la propagación las conocía a través de la experiencia China, en concreto de los habitantes de Hubei. El confinamiento.
Así pues, no puede dudarse de que el gobierno pudo evitar la propagación del virus. Pudo hacerlo adoptando la medida que adoptó el día 12 de marzo con la promulgación del Real Decreto Ley 7/2020. Porqué no lo hizo no es ninguna incógnita. Como diría aquel, es la economía, idiota!
¿Pueden reclamarse responsabilidades al gobierno? ¿De qué tipo? ¿Incluso penales?
Si en el punto anterior hemos comprobado que efectivamente, el gobierno pudo hacer algo para evitar la extensión del coronavirus en España, analizaremos aquí qué responsabilidad puede tener el gobierno en todo esto.
Y no, no vale acogerse al concepto de «pandemia» para justificar que nada más se pudo hacer. Recuerdo al lector que mientras el artículo 17 de nuestra Constitución proclama el derecho a la vida, el artículo 43 del mismo texto legal nos dice que el Estado reconoce el derecho a la protección de la salud así como que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
Luego, tampoco vale desplazar toda la responsabilidad de la extensión del coronavirus en los ciudadanos. Estos deben obeceder las directrices del gobierno, sí. Ahora bien, antes de analizar el comportamiento de nuestros vecinos y vecinas deberemos cuestionar qué hubiera sucedido si el confinamiento se hubiera llevado a cabo antes. Sin duda alguna, aquella es la causa originaria de la situación actual.
No cabe duda alguna que el gobierno debe asumir responsabilidades. Ahora bien, más allá de las responsabilidades políticas a las que se refiere nuestra Carta Magna en los artículos 108 y siguientes, cabe alguna responsabilidad más? Empezamos a estar hartos (ya no digo acostumbrados, pues esa etapa ya ha pasado a la posteridad) de que de la nefasta gestión de nuestros dirigentes políticos, sean del color que sean, no se derive responsabilidad alguna más que la posibilidad de perder el cargo.
Expone el Tribunal Constitucional en su sentencia 81/2012 que en una forma de gobierno parlamentario el control es una consecuencia de la responsabilidad o lo que es lo mismo, que la responsabilidad política exige, como un prius, la existencia de una labor de control o verificación de la actuación del Gobierno. Ahora bien, quien va a controlar qué cuando en un mismo asunto se ven implicados casi todos los partidos políticos a diferentes niveles. Cómo va a controla el Partido Popular la gestión del Gobierno habida cuenta de su pésima gestión en la comunidad autónoma de Madrid?
¿Existe pues la posibilidad de exigir responsabilidad al gobierno? Me refiero una responsabilidad en mayúsculas, no al teatro al que nos tiene acostumbrados nuestros políticos por medio de las comisiones de investigación o las preguntas en sede parlamentaria o, incluso, por la vía de la interposición de una moción de censura.
Sin duda alguna, in abstracto o desde un plano teórico, cabe la posibilidad de reclamar responsabilidades penales a nuestros dirigentes. Como muestra un botón. El artículo 102 de nuestra Constitución indica que la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante el Tribunal Supremo. No debe de extrañarnos, puesto que sólo la su figura goza de la exención de responsabilidades que le confiere el artículo 56 de la Carta Magna.
Nos recuerda Susana Gómez Aspe que frente a una responsabilidad penal «cualificada«, existe también la responsabilidad penal «ordinaria«, en cuyo los miembros del gobierno sólo disponen de aforamiento, fundamentado en el caro de las personas enjuiciadas, que reúne de modo conjunto responsabilidades de gobierno y administración que es preciso tutelar.
Atendido el hecho de que las consecuencias de la inacción y mala gestión del gobierno se derivarán tanto muertes como personas con lesiones más o menos graves y persistentes, en todo caso serían estos los delitos que se le podrían imputar a los miembros del gobierno.
Desde luego, no creo y considero que hayan actuado con la intención de causar dichas muertes, con lo que la posibilidad de considerarles reos por tales delitos mediando un dolo directo no la considero viable. Tal vez por la vía de la imprudencia a la que se refiere el artículo 142 y 152 del Código Penal.
Y es que si se entiende que el gobierno dispuso de toda la información posible, tanto médica como técnica, para intuir que de no actuar rápidamente, el número de muertes iba a ser mayor que esas «decenas» a las que se refería Fernando Simón, creo que cabría la posibilidad, ni que fuera remota, de colegir a la inacción del gobierno los resultados que estamos viendo.
Recuérdese que España ratificó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, cuyo artículo 3 expone que todos, menores de edad y mayores de edad, personas ancianas y personas con capacidades diferentes, tienen el mismo derecho a la vida. Avanzo ya este argumento por lo que se dirá en el siguiente subapartado y para evitar caer en la trampa falaz del argumento que viene corriendo de boca en boca los últimos días.
Decidir quién muere o no. Cuando la ética pierde su sentido y la moral gana peso
Tal y como expone el Doctor José Miguel Gaona, no puede hablarse de ética en los protocolos que van a empezar a utilizar el personal médico (sobre todo médicos intensivistas) cuando falta algún elemento de la ecuación.
De una forma llana, el doctor Gaona expone que la ética se encarga de analizar la conducta humana, lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo. Comparto aquella definición, que si bien es muy sintética nos sirve como punto sobre el que montar nuestro argumento.
Tal y como expone Óscar Diego Bautista, el comportamiento correcto de los servidores públicos es una condición sine qua non para una buena administración de los asuntos públicos y dicho comportamiento adecuado lo muestra la ética. Según el autor citado, la ética da al hombre el conocimiento que le permite sabe elegir correctamente en cada acto que realice.
Según Aristóteles expuso en ética a Nicomano, tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. Siempre que está en nuestro poder el hacer, lo está también el no hacer, y siempre que está en nuestro poder el no, lo está el sí.
Así pues, que en las circunstancias actuales los médicos intensivistas deban decidir quien muere o no en función de criterios médicos no es un actuar carente de ética para ellos. En las circunstancias en las que se ven envueltos y sin entrar a cuestiones las razones éticas tenidas en cuenta para elaborar sus protocolos, no puede decirse que obren mal o mezquinamente.
El problema, bien señalado por el Doctor Gaona, es el punto de partida. El porqué de la necesidad de escoger entre la vida de unos y no la de otros. Sin duda alguna, obliga a aquel proceder la carencia de medios técnicos e incluso humanos. No puede olvidarse que a estas alturas, el número de médicos afectados por covid-19 representa más de un 10%.
Es ahí precisamenrte donde se ha de apuntar la falta de ética. Nuevamente, la de nuestros políticos. Con la pésima gestión que han hecho de la crisis sanitaria no sólo han expuesto al personal sanitario a la certeza de su infección por el covid-19, sino que han abocado a miles de personas a la muerte. Muerte que sobreviene por la imprevisibilidad. Muerte que acontece por inacción. Muerte ante la que la economía permanece impasible si no conlleva la muerte del propio sistema económico.
Como ya señalara Cicerón en su obra Sobre los deberes, es propio del buen ingenio prevenir con el pensamiento el futuro, determinar con el pensamiento el futuro, determinar con anticipación qué puede suceder por una u otra parte, y lo que debe de hacerse en cada uno de los casos, y no comportarse de modo que nos expongamos a tener que decir alguna vez: «no lo había pensado«. Aquel comportamiento cabía esperar de los servidores en épocas tan y tan pretéritas como la Roma del Siglo I antes de Cristo. No cabe esperar lo mismo de nuestros servidores públicos ahora?
Expuesto lo anterior, lo más que puede afirmarse es que en los momentos actuales, el gobierno se rige por el puro utilitarismo. Ese introduce por Bentham y extendido en sus argumentos filosóficos por Stuart Mill. En nuestros días viene practicándolo Boris Johnson con aquellas polémicas declaraciones de mediados del mes de marzo. Sin temblarle la voz un ápice anunció a sus conciudadanos que muchas familias iban a perder a sus seres queridos.
Sin mas. Pura y simple selección natural. La ley del más fuerte. Esa que a partir de 1934 le permitía a Hitler defender la supremacía de una raza sobre la otra. Ese principio neoliberal por el que se rigen las reglas del mercado y que se ha extendido a todas las esferas de la vida. Una vez más cabe decir, es la economía, idiota!
Conclusiones
Espero que estas líneas sirvan, cuanto menos, de reflexión. De reflexión acerca no sólo de la gestión de la crisis actual sino también acerca del valor de la vida, del lugar que ocupa la economía en nuestro sistema de valores, de la necesidad (o no) de fomentar una sanidad pública. Depende de nosotros que las recientes muertes de servidores públicos como Francisco Javier Collado Rivas (Guardia Civil) o ciudadanos como Hernando Olivares o puede que algún familiar nuestro el día de mañana, sirvan para algo más que engrosar una fría estadísitca de la que nos olvidaremos en un mes.
