Si tu expareja no autoriza el psicólogo del hijo, lo primero es aclarar qué está rechazando: cualquier atención, un profesional concreto, el horario o el precio. Cada desacuerdo requiere una respuesta distinta. La prioridad es que el menor reciba la ayuda que necesita con las garantías legales adecuadas.
¿Puedo decidir porque tengo la custodia?
No necesariamente. La custodia organiza la convivencia y los cuidados; las decisiones sanitarias relevantes dependen del ejercicio de la potestad parental y de la capacidad del propio menor. Revisa la sentencia y las medidas provisionales: puede existir una atribución específica de facultades. Que pagues las sesiones no te concede por sí solo el derecho a decidir.
En Cataluña deben examinarse los artículos 236-8 y siguientes del Código civil catalán. En Derecho común, el artículo 156 del Código Civil. La regla conjunta tiene excepciones por resolución judicial, violencia en los supuestos legales o urgencia real. También importa la autonomía sanitaria del hijo: no se decide igual por un niño pequeño que por un adolescente capaz.
¿Qué propuesta conviene enviar al otro progenitor?
Explica la dificultad observada sin poner etiquetas al hijo. Adjunta la recomendación profesional pertinente, identifica el centro, el objetivo inicial, los horarios, el coste y la cobertura. Pide una respuesta concreta y ofrece valorar alternativas adecuadas. El silencio no debe tratarse automáticamente como consentimiento.
Como orientación, puedes escribir: «Nos han recomendado valorar esta dificultad. Te remito la recomendación y los datos del centro propuesto. Indícame si estás de acuerdo o qué alternativa planteas para atenderla». Adapta el mensaje al caso y evita mezclarlo con reproches sobre la ruptura. No uses este modelo para eludir restricciones de comunicación o medidas de protección.
¿Qué documentos debo reunir?
Conserva la sentencia y el convenio aprobado; las resoluciones posteriores sobre potestad parental; derivaciones o informes pertinentes; presupuesto y disponibilidad; comunicaciones completas; y, si corresponde, documentos que acrediten una excepción legal por violencia. No manipules conversaciones ni pidas al hijo que produzca pruebas contra su padre o su madre.
La propuesta debe demostrar una necesidad y una solución proporcionada. Si lo que se discute es el profesional, aporta datos sobre experiencia, disponibilidad y continuidad del tratamiento. Una preferencia personal sin explicación suele aportar menos que una comparación concreta.
¿Cuándo puedo pedir que decida el tribunal?
Si no hay acuerdo y no opera una excepción, puede solicitarse la atribución de esa decisión en jurisdicción voluntaria. Debe comprobarse el intento de negociación previa exigible: el artículo 5.3 de la Ley Orgánica 1/2025 establece una particularidad para desacuerdos sobre potestad parental. Las medidas urgentes de protección y los supuestos de violencia requieren un análisis específico; no debe imponerse mediación donde está excluida.
La ley no exige abogado y procurador en la primera instancia de este expediente, pero el asesoramiento ayuda a concretar el tratamiento, justificar su necesidad y evitar una solicitud excesiva. El tribunal escucha a los progenitores y al menor cuando procede; no existe un plazo de resolución garantizado para todos los casos.
¿Qué demuestra un caso reciente de Barcelona?
El auto 265/2026 de la AP de Barcelona, Sección 18.ª, de 21 de mayo (ECLI:ES:APB:2026:4387A), mantuvo la atención en un centro inicialmente consensuado. La oposición posterior sobre el horario escolar no justificó cambiar al profesional en aquellas circunstancias. La continuidad y las alternativas reales importaban más que una objeción genérica.
Esto no obliga a mantener siempre al mismo terapeuta. Muestra por qué conviene explicar qué problema existe, cómo afecta al hijo y qué solución concreta propones.
¿Y si hay violencia, urgencia o el hijo ya tiene 16 años?
No debe paralizarse la atención indispensable ante riesgo grave e inmediato. Las excepciones por violencia exigen comprobar el procedimiento, la condena o el informe del servicio especializado previsto legalmente; no cualquier denuncia activa la excepción. En el Derecho común se exige expresamente información previa al otro progenitor, con la debida consideración de las medidas de protección.
La Ley de autonomía del paciente contempla el consentimiento del propio menor capaz y, como regla, su autonomía a partir de los 16 años, con excepciones por grave riesgo. Antes de esa edad también debe valorarse su comprensión intelectual y emocional. No confundas el derecho a ser oído con tener que resolver el desacuerdo entre los adultos.
¿Qué puede hacer Tot Dret por tu familia?
Podemos revisar la sentencia, los informes y la oposición recibida para preparar una propuesta o solicitar la decisión judicial adecuada. Si además se discute cómo obtener una valoración para el procedimiento, consulta la diferencia entre evaluación psicológica y supuestas pruebas de SAP.
¿Cómo podemos ayudarte?
Cuéntanos tu situación y las dudas que necesitas resolver. Estudiaremos contigo cómo abordar tu caso y proteger lo que más te importa.