Información revisada el 1 de octubre de 2026
Un juez no puede imponer a los progenitores y al hijo un tratamiento psicológico conjunto de carácter forzoso por el mero hecho de que exista un conflicto familiar. Sí puede recomendarlo y valorar, con razones concretas, cómo influye la conducta de cada progenitor en el bienestar del menor. También puede adoptar medidas para proteger la salud del hijo cuando concurran los requisitos legales. Son situaciones diferentes y confundirlas puede llevar a decisiones perjudiciales.
La sentencia del Tribunal Supremo 1310/2025, de 25 de septiembre, permite responder una pregunta frecuente: «Si no acepto ir a terapia con mi expareja, ¿pueden obligarme o quitarme la custodia?». La respuesta exige distinguir el consentimiento sanitario, la protección del menor y las decisiones sobre guarda y visitas. Te explicamos qué resolvió, cómo encaja en Cataluña y qué conviene hacer si has recibido una resolución o una propuesta de este tipo.
¿Qué ha dicho exactamente el Tribunal Supremo sobre la terapia familiar obligatoria?
La STS 1310/2025, de 25 de septiembre, recurso 7275/2024 examinó una terapia psicológica que debían seguir conjuntamente ambos progenitores y su hijo. El Tribunal Supremo dejó sin efecto su imposición obligatoria porque no existía una habilitación legal que permitiera ordenar ese tratamiento contra la voluntad de la madre en las circunstancias del caso.
No declaró que la terapia fuera inútil ni prohibió que los jueces recomendaran ayuda profesional. Tampoco estableció que cualquier negativa a colaborar deba ser indiferente para un procedimiento de familia. Su conclusión fue más precisa: la conveniencia de una intervención psicológica no basta para convertirla en una obligación sanitaria exigible por la fuerza.
El interés del menor permite adoptar medidas de protección, pero no elimina por sí solo los derechos de los adultos a decidir sobre su tratamiento. Para saber qué consecuencias tiene una resolución hay que leer su contenido: no equivale una recomendación a una orden, ni una evaluación pericial a un tratamiento clínico.
¿Qué ocurrió en el caso de la sentencia 1310/2025?
El procedimiento surgió de una modificación de medidas respecto de un hijo. Existía una situación familiar muy deteriorada, con dificultades graves en las relaciones paternofiliales. El juzgado mantuvo la patria potestad conjunta, estableció visitas supervisadas en un punto de encuentro familiar e impuso tratamiento al conjunto de la familia, con seguimiento profesional.
Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid suspendió las visitas y mantuvo la terapia familiar. La madre recurrió esa imposición ante el Tribunal Supremo. Cuando este resolvió, el hijo tenía trece años. Los informes y la evolución del caso mostraban que no se trataba de una simple discrepancia sobre horarios de recogida.
El Supremo estimó la impugnación de la terapia forzosa. Eso no significó restablecer automáticamente las visitas ni cambiar la guarda. Tampoco sustituyó sin más la terapia conjunta por una terapia individual para el hijo: explicó que esa posibilidad exigiría valorar su beneficio y escuchar previamente al menor.
Esta diferencia importa. Un titular como «el Supremo prohíbe la terapia en los divorcios» sería incorrecto. La decisión limita una imposición concreta y deja abiertas otras medidas ajustadas a la ley y a las necesidades acreditadas del niño.
¿Por qué es necesario el consentimiento para recibir tratamiento psicológico?
La psicoterapia es una intervención sanitaria cuando se dirige a tratar la salud de la persona. Los artículos 8 y 9 de la Ley 41/2002 regulan el consentimiento informado y sus excepciones. Como regla, el paciente debe recibir información suficiente y decidir libremente si acepta la actuación propuesta.
Una ruptura difícil no convierte a los progenitores en personas incapaces de decidir. Tampoco permite presumir que quien discrepa del profesional, del centro o del formato conjunto necesita tratamiento forzoso. Deben examinarse las razones y las circunstancias, sin sustituirlas por etiquetas.
Existen excepciones sanitarias legalmente previstas, como determinadas situaciones de riesgo grave inmediato en las que no es posible obtener autorización. Pero no basta alegar que la terapia sería buena para la convivencia para aplicar una excepción. Su utilización exige los presupuestos específicos que marca la ley.
Antes de aceptar una propuesta conviene conocer quién atenderá a cada persona, cuál es el objetivo, si habrá sesiones conjuntas, qué información se comunicará al juzgado y qué alternativas existen. Estas preguntas ayudan a decidir de manera informada; no equivalen a rechazar cualquier ayuda.
¿Pueden quitarme la custodia por negarme a ir a terapia con mi expareja?
La negativa no produce automáticamente la pérdida de la custodia. El Tribunal Supremo permite valorar la actitud de los progenitores, pero exige hacerlo en relación con los problemas concretos, las pruebas y el interés del hijo. Una decisión sobre guarda o visitas necesita una justificación individualizada.
Por ejemplo, no es lo mismo rechazar todo apoyo mientras persisten comportamientos dañinos acreditados que pedir un profesional distinto o sesiones individuales por motivos razonables. Tampoco puede confundirse la voluntad de protegerse frente a una situación de violencia con una falta de cooperación parental.
El tribunal puede tener en cuenta la evolución de las capacidades parentales o la persistencia de riesgos al decidir si modifica, mantiene o recupera determinadas relaciones personales. La finalidad debe ser proteger al menor, no castigar a un adulto por ejercer su autonomía sanitaria.
Si te preocupa que una negativa se utilice en tu contra, interesa explicar los motivos y, cuando proceda, proponer alternativas adecuadas. Podemos revisar la resolución, los informes y las opciones disponibles antes de que adoptes una decisión que después resulte difícil explicar en el procedimiento.
¿Se puede obligar al hijo a recibir tratamiento aunque un progenitor se oponga?
La protección de la salud del menor plantea un análisis distinto. Si la decisión de sus representantes perjudica su vida o su salud, la ley permite intervenir a la autoridad judicial. La sentencia reconoce que puede acordarse un tratamiento específico para el hijo incluso frente a la oposición de los progenitores, cuando sea beneficioso y se respeten las garantías correspondientes.
Eso no autoriza cualquier terapia ni convierte todo desacuerdo en una urgencia. Deben precisarse la necesidad, el objetivo, la idoneidad del tratamiento y la situación del menor. El profesional sanitario informa sobre los aspectos clínicos; la autoridad judicial resuelve el conflicto jurídico cuando corresponda.
También importa la capacidad del hijo para comprender la intervención. No es correcto afirmar que hasta los dieciocho años siempre deciden exclusivamente los padres. La Ley 41/2002 contempla la madurez del menor y, con carácter general, el consentimiento propio a partir de los dieciséis años o en la emancipación, con excepciones como las actuaciones de grave riesgo para su vida o salud.
En el caso resuelto por el Supremo, el hijo tenía trece años y debía ser oído antes de adoptar una decisión de tratamiento que le afectara. Escucharlo no significa trasladarle la responsabilidad de solucionar el conflicto entre sus padres.
¿Qué reglas se aplican en Cataluña?
En Cataluña, las decisiones familiares deben encajarse en el Código civil catalán y en la normativa sanitaria aplicable. El artículo 236-13 del Código civil de Cataluña permite que, ante un desacuerdo ocasional en el ejercicio de la potestad parental, el juez atribuya a uno de los progenitores la facultad de decidir.
Cuando los desacuerdos son reiterados o dificultan gravemente el ejercicio conjunto, la ley contempla una distribución temporal de funciones. No debe utilizarse esa vía como una petición genérica para que el juez dirija toda la crianza: hay que identificar el problema y justificar qué solución protege al hijo.
El artículo 236-3 contempla medidas de protección frente a perjuicios personales o patrimoniales. Estas facultades se coordinan con el consentimiento sanitario y los derechos del menor. No constituyen una autorización general para imponer psicoterapia conjunta a toda la familia.
La sentencia analizada procede de un asunto de Madrid. Su razonamiento sobre los límites de la intervención sanitaria resulta relevante en Cataluña, pero las solicitudes sobre potestad parental, guarda o protección deben formularse conforme a las normas que correspondan al caso. No conviene trasladar mecánicamente artículos del Código Civil común cuando existe regulación catalana específica.
¿Es lo mismo terapia familiar, mediación, informe pericial y punto de encuentro?
No. La terapia persigue una finalidad de salud o intervención psicológica. La mediación ayuda a explorar acuerdos mediante un tercero imparcial. Una pericial psicológica aporta una valoración técnica para responder preguntas relevantes en un procedimiento. El punto de encuentro familiar facilita determinadas relaciones o entregas en condiciones de apoyo o supervisión.
Sus profesionales, objetivos y límites no son intercambiables. Acudir a una evaluación judicial no implica aceptar un tratamiento clínico indefinido. Tampoco una invitación a negociar el convenio obliga a reconciliarse o a participar en sesiones terapéuticas conjuntas.
En Cataluña puede acordarse una sesión previa informativa sobre mediación en los términos legales. Eso no equivale a imponer un acuerdo, a exigir continuar una mediación voluntaria ni a ordenar terapia sanitaria contra la voluntad de los interesados.
Si la discusión es quién puede autorizar que el niño vaya al psicólogo o encargar un informe durante la ruptura, encontrarás un análisis específico en nuestra explicación sobre psicólogo de los hijos, consentimiento y divorcio. Aquí la pregunta es diferente: qué puede imponer el tribunal a toda la familia.
¿Qué ocurre si existen violencia, amenazas o miedo a compartir sesiones?
La existencia de violencia exige una valoración propia. No debe presentarse como una simple falta de entendimiento entre dos personas igualmente responsables. La seguridad del progenitor y del hijo, las resoluciones penales y las medidas de protección pueden determinar qué intervenciones son adecuadas o están legalmente excluidas.
En Cataluña, el artículo 233-11, apartados 3 y 4, contiene reglas específicas sobre guarda y relaciones personales ante indicios fundamentados de violencia o determinados procedimientos penales, y regula de forma excepcional y motivada las relaciones que puedan establecerse en interés del menor.
No es prudente firmar un compromiso de sesiones conjuntas sin informar al abogado y al profesional de circunstancias que puedan afectar a la seguridad. La confidencialidad no debe utilizarse para ocultar riesgos que necesitan una respuesta protectora.
Si existe peligro inmediato, la prioridad es la asistencia y la protección urgente. La discusión sobre el programa terapéutico no debe retrasar una actuación necesaria para evitar daños.
¿Qué hago si una sentencia ya me obliga a realizar terapia familiar?
No ignores la resolución ni asumas que esta sentencia del Supremo la deja automáticamente sin efecto. Hay que comprobar si el mandato es firme, cuándo se notificó, cuál es su redacción y qué recurso o actuación procesal procede. Una resolución de otro asunto no modifica por sí sola la tuya.
Entrega al abogado el documento completo, la notificación, los informes que justificaron la medida y las comunicaciones del centro. Interesa saber si se ordenó terapia conjunta, una intervención individual, una evaluación o asistencia a un recurso de apoyo. El nombre informal que utilicen las partes puede no coincidir con el contenido jurídico.
Según la fase del procedimiento, puede ser necesario impugnar, pedir una aclaración dentro de su ámbito legal, oponer lo que corresponda frente a una ejecución o solicitar medidas adecuadas ante nuevas circunstancias. No todas estas vías son alternativas libres ni tienen los mismos requisitos.
Revisaremos qué puede solicitarse y qué plazo resulta aplicable a la resolución concreta. Evitar una actuación precipitada es especialmente importante cuando existen visitas suspendidas, informes pendientes o una comparecencia próxima.
¿Qué documentos ayudan a defender una solución adecuada para el menor?
Conviene reunir la sentencia o convenio vigente, resoluciones posteriores, informes profesionales, comunicaciones del centro y una cronología breve de incidencias. Deben conservarse los mensajes completos y sus fechas, evitando recortes que alteren el contexto. La utilidad de una prueba depende de lo que demuestra, no de acumular capturas.
Si existe un informe psicológico, interesa distinguir observaciones directas, información facilitada por un progenitor y conclusiones técnicas. Un documento no acredita necesariamente hechos sobre personas que no han sido evaluadas ni resuelve por sí solo qué régimen de guarda procede.
No interrogues repetidamente al hijo, no le pidas grabaciones contra el otro progenitor y no le encargues demostrar lo que sucede en el otro domicilio. Además del perjuicio personal, estas conductas pueden distorsionar la información que después necesitan los profesionales.
Para ordenar las diferencias entre decisiones cotidianas, potestad parental y medidas judiciales puede ser útil la guía de QuieroDivorciarme sobre desacuerdos sobre patria potestad. Si el régimen vigente ya no responde a la situación del menor, estudiaremos la vía de modificación de medidas familiares.
¿La sentencia permite rechazar toda ayuda psicológica sin consecuencias?
No. Reconocer la autonomía sanitaria no significa que el tribunal deba desatender un riesgo acreditado para el hijo. La cuestión es qué hechos existen, qué necesita el menor y qué respuesta legal resulta proporcionada. El análisis no puede reducirse a «acepta la terapia o pierde la custodia» ni a «puede negarse y nada importa».
Tampoco garantiza que un tratamiento voluntario vaya a producir un determinado resultado judicial. La evolución, los informes, la conducta cotidiana y el resto de pruebas se valoran en conjunto. Participar en terapia no debe convertirse en una estrategia para obtener un certificado favorable frente a la expareja.
Una solución bien preparada diferencia asistencia clínica, protección urgente y defensa procesal. Esa distinción permite pedir lo que el hijo realmente necesita sin aceptar obligaciones que carezcan de cobertura o exigir resultados que el profesional sanitario no puede prometer.
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